Informe de Pais - Mexico 1998 (2022)

Informe de Pais - Mexico 1998 (1)

CAPÍTULO I

LA ESTRUCTURA DELESTADO MEXICANO

19. La CIDH considera importante efectuar, en primerlugar, un breve análisis de la estructura organizacional del Estado mexicano, a fin dedestacar los elementos institucionales más relevantes, que inciden en la situación delos derechos humanos en dicho país.

I. LA ORGANIZACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS

A. El régimen federal

20. Los Estados Unidos Mexicanos, son una Repúblicarepresentativa democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo loconcerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según losprincipios de esta Ley Fundamental. (art. 40, Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, en lo sucesivo C.P.M.)

B. La división de poderes

21. El Poder Público de los Estados Unidos Mexicanosestá dividido en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En consecuencia, no pueden reunirsedos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse ellegislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo dela Unión conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo por lodispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se pueden otorgar facultadesextraordinarias para legislar. (art. 49, C.P.M.)

a. El Poder Legislativo

22. El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanosse deposita en un Congreso General, el cual se divide en dos Cámaras, una de diputados yotra de senadores. (art. 50, C.P.M.)

23. La Cámara de Diputados se compone de representantesde la Nación, electos en su totalidad cada tres años. Por cada propietario, se elige unsuplente (art. 51, C.P.M.). Dicha Cámara está integrada por 300 diputados electos segúnel principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritoselectorales uninominales, y 200 diputados que son electos según el principio derepresentación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas encircunscripciones plurinominales (art. 52, C.P.M.).

24. La Cámara de Senadores se integra por 128 senadores,de los cuales, en cada uno de los 31 Estados y en el Distrito Federal, dos son elegidossegún el principio de votación mayoritaria relativa y uno es asignado a la primeraminoría. Para estos efectos, los partidos políticos deben registrar una lista con dosfórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le es asignada a la fórmula decandidatos que encabece la lista del partido político que, por si mismo, haya ocupado elsegundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. Los 32 senadoresrestantes son elegidos según el principio de representación proporcional, mediante elsistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. La leyestablece las reglas y fórmulas para estos efectos. La Cámara de Senadores se renueva ensu totalidad cada seis años. (art. 56, C.P.M.)

25. El derecho de iniciar leyes o decretos compete alPresidente de la República; a los diputados y senadores al Congreso de la Unión; y a laslegislaturas de los Estados (art. 71, C.P.M.).

26. Las leyes federales son aprobadas por el Congreso dela Unión. Con posterioridad, el Ejecutivo, conforme al artículo 72 constitucional, poseeel derecho de veto, el cual es una facultad del Presidente de la República para hacerobservaciones a los proyectos de Ley. El mismo artículo señala que: una vez aprobado unproyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra; si esta loaprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lopublicará inmediatamente. Prosigue indicando que se reputará aprobado por el PoderEjecutivo, todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentrode 10 días útiles. Por último, en caso de que un proyecto de ley o decreto fueradesechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a laCámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado porlas dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámararevisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley odecreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.

b. El Poder Ejecutivo

27. El ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Uniónestá asignado al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos (art. 80, C.P.M.). Laelección del Presidente es directa, y en los términos que dispone la Ley Electoral (art.81, C.P.M.).

28. El ejercicio del Poder Ejecutivo es unipersonal, puesla responsabilidad del mismo se encuentra depositada en el Presidente de los EstadosUnidos Mexicanos, quien cuenta para el desempeño de sus funciones con el auxilio de lasSecretarías de Estado y Departamentos Administrativos (art. 80, C.P.M., y art. 2 de laLey Orgánica de la Administración Pública Federal).

29. Entre las facultades del Ejecutivo, se encuentran lasde nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, remover a los agentesdiplomáticos y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a losdemás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otromodo en la Constitución o en las leyes (art. 89, fracción II, C.P.M.).

30. El Presidente inicia el ejercicio de su cargo el 1 dediciembre y dura en él por un período de 6 años. El ciudadano que haya desempeñado elcargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino,provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo puede volver a desempeñareste puesto (art. 83, C.P.M.).

31. Entre otras facultades del Ejecutivo se encuentranlas de nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales con aprobacióndel Senado; nombrar con aprobación del Senado, los coroneles y demás oficialessuperiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, y los empleados superiores deHacienda; nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionalescon arreglo a las leyes; designar, con ratificación del Senado, al Procurador General dela República; dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionalessometiéndolos a la aprobación del Senado; y presentar a consideración del Senado, laterna para la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter suslicencias y renuncias a la aprobación del propio Senado. (art. 89, fracciones III, IV, V,IX, X y XVIII, C.P.M.)

32. El sistema presidencialista de Gobierno ha sidoestablecido en la mayoría de las constituciones políticas de América Latina. En el casode México, el carácter acentuado de dicho sistema podría fundarse, inicialmente, en elinterés de consolidar los logros de la Revolución Mexicana por medio de un ejecutivo confacultades preponderantes sobre los demás poderes.

33. El Poder Ejecutivo es definitivamente el centro delsistema político y de la vida política del país. En ese sentido, varios autores,incluyendo al Dr. Jorge Carpizo(2), han señalado quelas razones de ese predominio del Poder Ejecutivo son, entre otras, las siguientes: elPresidente es el jefe del partido predominante, que está integrado por las grandescentrales obreras, campesinas y profesionales; el debilitamiento del poder legislativo, yaque la gran mayoría de los legisladores son miembros de dicho partido, y son conscientesde que si se oponen al presidente, las posibilidades de éxito que tienen son casi nulas,y que seguramente están así frustrando su carrera política; la integración, en buenaparte, de la Suprema Corte de Justicia por elementos políticos que no se oponen a losasuntos en los cuales el presidente está interesado; la marcada influencia en laeconomía a través de los mecanismos del banco central, de los organismosdescentralizados y de las empresas de participación estatal, y las amplias facultades quetiene en materia económica; la institucionalización del ejército, cuyos jefes dependende él; la fuerte influencia en la opinión pública a través de los controles yfacultades que tiene respecto a los medios masivos de comunicación; la concentración derecursos económicos en la federación, específicamente en el ejecutivo; las ampliasfacultades constitucionales y extraconstitucionales, como son la facultad de designar alcandidato del partido de gobierno, el PRI y a los gobernadores en las entidadesfederativas; la determinación de todos los aspectos internacionales en los cualesinterviene el país, sin que para ello exista ningún freno en el Senado; el gobiernodirecto de la región más importante, y con mucho, del país, como lo es el DistritoFederal(3); y por último, un elemento psicológico: queen lo general se acepta el papel predominante del ejecutivo sin mayor cuestionamiento.

34. Desde el punto de vista socio-político, como lo handescrito diversos analistas y estudiosos del sistema presidencial mexicano, paracomprender su realidad debe atenderse al papel histórico del Partido de la RevoluciónInstitucional. En este sentido, Miguel De La Madrid(4)ha señalado que ese partido "reconoce como su líder máximo al Presidente de laRepública en ejercicio, lo cual le agrega una investidura de poder adicional al individuoque ocupa la Presidencia, lo cual influye definitivamente en la práctica del sistemaconstitucional y en el proceso político". Sobre el particular, el mismo autor yex-presidente mexicano ha concluido, que:

De esta manera, el Presidente de la República es constitucionalmente jefe del Estado y jefe del Gobierno; políticamente es el jefe del partido dominante en el País y el árbitro de los distintos intereses que, organizados o no, presionan al Poder Público para obtener de éste actitudes y medidas benéficas para cada sector. Ello determina no sólo su función de gran líder nacional, sino de árbitro de los distintos intereses, de todo tipo, de la sociedad mexicana. Difícil, extremadamente complicado y agobiante es este cargo, en donde el talento de su titular debe combinar y ponderar las distintas funciones que a esta magistratura atribuyen el régimen constitucional, el proceso político y el estilo de vida mismo de la sociedad mexicana".

35. Como se reseña en el presente informe, la CIDH hatomado nota y reconoce los importantes cambios institucionales llevados a cabo en México,los cuales han permitido la profundización del pluralismo político-partidista y unfortalecimiento de la democracia, no solo con una mayor participación de otros partidosen la vida política nacional y estatal, sino incluso con la pérdida de la mayoría delPRI en la Cámara de Diputados, la elección para el nuevo cargo de Regente del DistritoFederal a un dirigente importante del PRD, y la elección como gobernadores de algunosEstados a dirigentes de este último partido y del PAN. Todo ello, independientemente delas connotaciones políticas internas o de su retorno conforme a las reglas del juegopolítico, ha conllevado a un fortalecimiento del sistema democrático institucional enMéxico, cuya relevancia ha sido reconocida nacional e internacionalmente. La evoluciónlograda en los aspectos señalados, sin embargo, no ha modificado sustancialmente elmarcado presidencialismo que ha caracterizado al sistema político mexicano.

36. Al respecto, la CIDH estima que mantener la debidaautonomía e independencia de los poderes públicos, en un marco de colaboración, a finde lograr los fines del Estado, es un elemento esencial para el buen funcionamiento delEstado Constitucional y Democrático de Derecho. Sin embargo, el predominio histórico deun partido en la vida institucional de un país, ha conllevado a un debilitamiento delsistema de controles y contrapesos al Poder Ejecutivo. En este sentido, es importanteseñalar que los recientes resultados de las elecciones efectuadas en julio de 1997, debenrepresentar un paso importante en la reversión de dicha tendencia, en un marco dediálogo democrático y estabilidad constructiva, que representan en definitiva un granreto para el sistema presidencial mexicano y el resto de sus instituciones.

c. El Poder Judicial

37. El ejercicio del Poder Judicial de la Federación sedeposita en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en TribunalesColegiados y Unitarios de Circuito, en Juzgados de Distrito, y en un Consejo de laJudicatura Federal. (art. 94, C.P.M.)

38. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte deJusticia, el Presidente de la República debe someter una terna a consideración delSenado, el cual previa comparecencia de las personas propuestas, hace la designación delMinistro que deba cubrir la vacante. (art. 96, C.P.M.)

39. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia duranen sus cargos quince años, sólo pueden ser removidos del mismo en los términos deltítulo cuarto de la C.P.M. y, al vencimiento de su período, tienen derecho a un haberpor retiro. (penúltimo párrafo del art. 94, C.P.M.)

40. Los requisitos para ser ministro de la Suprema Cortede Justicia en México son los siguientes: ser ciudadano mexicano por nacimiento, en plenoejercicio de los derechos políticos y civiles; tener 35 años cumplidos el día de ladesignación; poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años,título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación y no haber sidocondenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión (salvo quese tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastimeseriamente la buena fama en el concepto público, que lo inhabilita para el cargocualquiera que haya sido la pena); haber residido en el país durante los dos añosanteriores al día de la designación; y no haber sido secretario de estado, jefe dedepartamento administrativo, Procurador General de la República o de Justicia delDistrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe delDistrito Federal durante el año previo al día de su nombramiento (art. 95, C.P.M.).

41. Una de las principales críticas que ha tenido elsistema de elección de los ministros de la Suprema Corte en México, deriva del controlque ha ejercido por más de 60 años un partido político tanto del poder ejecutivo comodel legislativo (Senado), por lo que los nombramientos de los ministros de la SupremaCorte propuestos por el Presidente de la República al Senado para su aprobación,parecieran no permitir el funcionamiento pleno de un sistema abierto, competitivo, yrodeado de los controles y garantías de selección necesarias.

42. Por su parte, los magistrados de circuito y losjueces de distrito duran 6 años en el ejercicio de su cargo, al término de los cuales,si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo pueden ser privados de suspuestos en los casos y conforme a los procedimientos establecidos por la ley. (art. 97,C.P.M.)

43. Para ser designado magistrado de circuito, serequiere ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, mayor de 35 años,gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito intencional con sanciónprivativa de libertad mayor de un año, contar con título de licenciado en derechoexpedido legalmente y práctica profesional de cuando menos cinco años, además de losrequisitos previstos en la ley respecto de la carrera judicial (art. 106, Ley Orgánicadel Poder Judicial de la Federación, en lo sucesivo L.O.P.J.F.).

44. Asimismo, el ingreso y promoción para lascategorías de magistrado de circuito y juez de distrito, se realiza a través de concursointerno de oposición libre (art. 112, L.O.P.J.F.).

45. Para ser juez de distrito, se exige ser ciudadanomexicano en pleno ejercicio de sus derechos, mayor de 30 años, contar con título delicenciado en derecho legalmente expedido, un mínimo de 5 años de ejercicio profesional,gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanciónprivativa de la libertad mayor de un año. (art. 108, L.O.P.J.F.). Por su parte, losmagistrados de circuito y los jueces de distrito son nombrados y adscritos por el Consejode la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos yprocedimientos establecidos por la ley. (art. 97, C.P.M.)

46. La administración, vigilancia, disciplina y carreradel poder judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia,están a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos que establece laC.P.M y el art. 68 de la L.O.P.J.F.

47. La función judicial del fuero común en el DistritoFederal la ejerce el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, con losdemás órganos establecidos en el estatuto de gobierno. Asimismo, para ser magistrado delTribunal Superior, deben reunirse los mismos requisitos que la Constitución ordena paralos Ministros de la Suprema Corte de Justicia, con la exigencia de haberse distinguidoprofesionalmente en el ramo judicial dentro del territorio del Distrito Federal (art. 122,C.P.M.).

48. El Consejo de la Judicatura es el órganocompetente para designar a los jueces de primera instancia y a los que con otradenominación se creen en el Distrito Federal, en los términos que las disposicionesprevean en materia de carrera judicial (base cuarta, fracción II del art. 122, C.P.M.).

49. Por lo que respecta al nombramiento de losmagistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el artículo 122, basecuarta, fracción I, párrafo segundo de la Constitución, establece que para cubrir lasvacantes de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Jefe de Gobierno delDistrito Federal debe someter la propuesta respectiva a la decisión de la AsambleaLegislativa.

50. En cuanto al Poder Judicial de los Estados, éste seejerce por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. Losnombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los poderes judiciales localesson hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios coneficacia y probidad en la administración de justicia, o que lo merezcan por suhonorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica (art.116, fracción II, C.P.M.).

51. La misma Constitución señala en el artículoanteriormente mencionado, que para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia decada Estado, se requieren los mismos requisitos que para ser Ministro de la Suprema Corte,señaladas en el artículo 95 de la Constitución.

52. Los magistrados estatales durarán en el ejercicio desu encargo el tiempo que señalen las Constituciones locales, pueden ser reelectos, y silo fueren, sólo pueden ser privados de sus puestos en los términos establecidos en lasConstituciones y las Leyes de Responsabilidad de los Servidores Públicos de los Estados.(art. 116, fracción III, C.P.M.)

53. El 31 de diciembre de 1994, al inicio del mandato delPresidente Ernesto Zedillo, se propuso la reforma del artículo 100 constitucional, cuyaredacción actual aprobada por el Congreso es la siguiente:

...La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo el Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes.

54. En el artículo al que hace mención el párrafosegundo, se establece:

El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; un Magistrado de los Tribunales Colegiados de Circuito, un Magistrado de los Tribunales Unitarios de Circuito y un Juez de Distrito, quienes serán electos mediante insaculación; dos Consejeros designados por el Senado y uno por el Presidente de la República. Los tres últimos, deberán ser personas que se hayan distinguido por su capacidad, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas. Los Consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de esta Constitución.

55. La CIDH aprecia y valora altamente las modificacionesconstitucionales introducidas en México con relación al Poder Judicial, que tienden alograr la profesionalidad, independencia y autonomía de sus integrantes. La reformaapuntada evidencia una notable voluntad de cambio y perfeccionamiento en relación con unade las instituciones fundamentales del Estado de Derecho, particularmente para laprotección de los derechos humanos en el orden interno. La Comisión considera quereformas de esta naturaleza deben continuar y profundizarse, a fin de garantizardebidamente el funcionamiento adecuado del Poder Judicial y su rol en la protección delos derechos humanos.

56. Asimismo, la Comisión estima que, a pesar de losimportantes avances realizados, mientras el Poder Ejecutivo continúe conservando unapreponderancia de facultades legales y extralegales sobre el Poder Judicial, sedificultará en México la consolidación de tribunales independientes e imparciales, apesar de que su sistema constitucional está basado en el equilibrio de poderes, y que lostratados internacionales ratificados por México prevén directamente tal autonomía.

C. Los Estados de la Unión

57. El pueblo ejerce su soberanía por medio de losPoderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados,en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidospor la C.P.M. y las particulares de los Estados, las que en ningún caso puedencontravenir las estipulaciones del Pacto Federal (artículo 41, C.P.M.).

58. Los estados deben adoptar, para su régimen interior,la forma de gobierno Republicano, Representativo, Popular, teniendo como base de sudivisión territorial y de su organización política y administrativa, el MunicipioLibre. (artículo 115, C.P.M.)

59. El poder público de los estados se divide, para suejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no pudiendo reunirse dos o más de estospoderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un soloindividuo. (artículo 116, C.P.M.)

60. Los Poderes de los estados se organizan conforme a laConstitución de cada uno de ellos, con sujeción a una serie de principios establecidosen el artículo 116 citado. En primer lugar, el Poder Ejecutivo es ejercido por losgobernadores de los estados, por períodos no mayores de seis años. La elección de losmismos, y la de las legislaturas locales es directa y en los términos que disponen lasleyes electorales respectivas. Los gobernadores de los estados, cuyo origen sea laelección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo puedenvolver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutoso encargados del despacho.

61. El Poder Legislativo en dichas entidades se ejercepor las legislaturas estatales. El número de representantes es proporcional al dehabitantes de cada estado; en todo caso, no puede ser menor de siete diputados en losestados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquéllos cuyapoblación exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los estadoscuya población sea superior a esta última cifra. Los diputados a las legislaturasestatales no pueden ser reelectos para el período inmediato. Los diputados suplentespueden ser electos para el período inmediato con el carácter de propietario, siempre queno hubieren estado en ejercicio, pero los diputados propietarios no pueden ser electospara el período inmediato con el carácter de suplentes. Los diputados estatales sonelegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, enlos términos que señalen sus leyes.

62. Por su parte, el Poder Judicial es ejercido en losestados por los tribunales que establecen las constituciones respectivas. La independenciade los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones debe estar garantizada porlas constituciones y leyes orgánicas de los estados, las cuales establecen lascondiciones para el ingreso, formación y permanencia de tales funcionarios. Losintegrantes de los poderes judiciales locales deben reunir los requisitos señalados porlas fracciones I a V del artículo 95 de la Constitución. Los nombramientos de losmagistrados y jueces integrantes de los poderes judiciales locales son hechospreferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia yprobidad en la administración de justicia, o que lo merezcan por su honorabilidad,competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, y la duración desus funciones está establecida en las constituciones locales.

63. En el ámbito de los Estados de la Unión y delDistrito Federal, México ha experimentado en los últimos años una alternancia políticopartidista en algunas de éstas entidades, la cual también ha contribuido al avance yperfeccionamiento de las instituciones democráticas. Cabe mencionar en dicho contexto lavictoria obtenida por Ernesto Ruffo Appel, candidato del PAN, en las elecciones para laGobernación de Baja California en 1989. La importancia de este hecho radica en que setrató de la primera vez que un político de oposición fue declarado ganador de unaelección de Gobernador en México, desde que el PRI accedió al poder en 1929. El procesomencionado se consolida en las elecciones de 1997 (en la cual resultó electo unimportante líder de un partido de oposición (PRD) como jefe de gobierno del DistritoFederal), lo cual simboliza el carácter abierto y competitivo de las eleccionesmexicanas. Esa evolución ha permitido el inicio del desarrollo de un importante mecanismode división y control de poderes en México, donde ya no hay un solo partido de gobierno,sino diversos, dependiendo de la entidad político territorial a la que se hagareferencia. Ello es, que los partidos de oposición en el ámbito nacional, son partidosde gobierno a nivel distrital o estatal, incluyendo los Estados de Nuevo León yQuerétaro. A pesar de ello, ciertos problemas institucionales de carácter estructural,continúan presentes a nivel Estatal (sistema penitenciario, poder judicial, serviciospúblicos, etc.), por lo que su superación representa un gran reto para el sistemapolítico mexicano en su conjunto.

D. El Ministerio Público

64. La imposición de las penas es propia y exclusiva dela autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe alMinisterio Público, el cual se auxilia con una policía que está bajo su autoridad ymando inmediato (artículo 21, C.P.M.). Tanto las diligencias de investigación como elejercicio de la acción penal y la facultad acusatoria, son propias y exclusivas delMinisterio Público, de tal manera que los jueces que conocen de un proceso penal, nopueden oficiosamente allegarse elementos de prueba de un delito o de la responsabilidaddel acusado, ni iniciar el juicio sin el previo ejercicio de la mencionada acción, nicontinuar el procedimiento si ha habido desistimiento. Lo anterior tiene su fundamento enel artículo 20 constitucional, en el que se consagran las garantías que tiene elinculpado durante la averiguación previa y durante el ejercicio de la acción penal.

65. Los funcionarios del Ministerio Público de laFederación, son nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva.El Ministerio Público de la Federación está presidido por un Procurador General de laRepública, designado por el Titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o,en sus recesos, de la Comisión Permanente. Para ser Procurador se requiere: ser ciudadanomexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de ladesignación; contar con antigüedad mínima de diez años, con título profesional delicenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delitodoloso. El procurador puede ser removido libremente por el Ejecutivo (artículo 102,C.P.M.). Dicho esquema es seguido en su conjunto, en la organización del MinisterioPúblico en cada uno de los Estados miembros de la Unión.

66. Con relación a este punto, la CIDH estimaconveniente diferir sus comentarios para analizarlos en los capítulos IV y V de esteinforme, en los cuales se discutirá lo relacionado al derecho a la integridad personal ya la justicia. Sin embargo, a estas alturas desea reiterar lo expresado respecto a estetema en el comunicado emitido al final de la visita in loco realizada a México enjulio de 1996, en el sentido que "el monopolio del ejercicio de la acción penal quetiene asignado el Ministerio Público en México exige la conformación de unainstitución independiente y autónoma, profesionalizada, eficiente e imparcial."

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Informe de Pais - Mexico 1998 (2)

2. Jorge Carpizo, "Notas sobre elPresidencialismo mexicano en el libro del autor titulado: Estudios Constitucionales,UNAM, México, 1991, Págs. 339 y ss. También ver, Jorge Carpizo, El PresidencialismoMexicano, México, 1994; y autores varios, El Sistema Presidencial Mexicano(Algunas reflexiones), UNAM, México, 1988.

3. Ello cambió con las reformasconstitucionales de 1994 y 1996, que permiten la elección popular directa del regente dela Ciudad de México.

4. Miguel De La Madrid Hurtado, Estudiosde Derecho Constitucional, México, 1986, Págs. 248 y ss.

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Author: Manual Maggio

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